La mitad de la población reclusa padece algún
tipo de trastorno mental y 52 de ellos están catalogados con una patología
aguda.
José R. Villalva, Granada.
Dos
personas con una enfermedad mental grave fueron protagonistas el pasado lunes
en los medios de comunicación de Granada. Uno, de tan solo 26 años, era
detenido como presunto autor de la muerte de un tío-abuelo suyo en Valderrubio.
El segundo acudía como único acusado de matar de dieciséis puñaladas a un
vecino de Diezma hace justo un año. Dos meras coincidencias, porque las
estudios más sesudos dicen que las personas con patología mental delinquen la
mitad, en proporción, al resto de los mortales y no hay ningún dato
demostrativo de que la esquizofrenia, por citar una patología, convierta a
estos enfermos en más agresivos. Sin embargo, en las cárceles no deja de crecer
la presencia de internos con algún tipo de trastorno mental.
La
prisión de Albolote tiene en estos momentos 1.516 reclusos, más o menos la
mitad, según las estadísticas de Instituciones Penitenciarias, que sufren algún
tipo de trastorno mental, incluidos en este apartado los consumidores de
estupefacientes. Un fiel espejo de la calle, pero multiplicado por dos en el
caso de los trastornos y de diez en el de las enfermedades mentales más graves.
Alfredo
Maiquez, médico de la prisión de Albolote y coordinador del programa de salud
mental de la cárcel, y Concha Cuevas, presidenta de Feafes -federación andaluza
de asociaciones de familiares y enfermos mentales- coinciden en lanzar dos
mensajes. Uno: «La cárcel no es el sitio más adecuado para un enfermo mental».
Dos: «Muchos llegan allí porque antes no han tenido un recurso idóneo para
tratar su problema».
No
debe olvidarse otro apunte importante: en el penal no solo hay enfermos
mentales, también conviven, al menos, una veintena de discapacitados
intelectuales, personas con una discapacidad diagnosticada a quienes solamente
se le puede hacer más fácil la vida en la prisión, pero que no requieren un
tratamiento como en el caso del enfermo para superar su problema porque éste
forma parte de su vida como quien tiene un brazo menos o le falta una pierna.
¿Por
qué llegan a la cárcel estas personas? «La prisión puede ser un eslabón más de
la cadena, desgraciadamente. La falta de un tratamiento adecuado o de un
recurso asistencial deja caer sobre la familia todo el peso de la enfermedad.
Con bastante frecuencia las relaciones en casa se rompen. La familia, en muchos
casos mal aconsejada, puede denunciar al enfermo y éste verse en la calle y con
una orden de alejamiento; a partir de ahí o de una situación tensa en el
domicilio familiar puede venir el consumo de drogas o de alcohol que supone una
bomba para estas personas. Marginalidad, calle y delincuencia son factores que
abren las puertas de las cárceles de par en par y cuando menos lo esperan se
encuentran dentro por culpa de un robo, de una agresión o de una orden de
quebrantamiento», señala Concha Cuevas, quien desarrolla un programa de salud
mental en la cárcel de Málaga.
El
ordenamiento jurídico contempla la figura de inimputable para ciertos casos de
enfermos mentales. «La diferencia entre ser imputable o no es una fina
frontera. Depende de cada persona, del tipo de patología, de si ésta ha
influido o no en el hecho delictivo, de los informes de los peritos quienes
aportan información para decidir si se puede imputar o no a la persona con una
enfermedad mental. No hay un criterio general, sino el estudio de cada caso en
particular», puntualiza el juez de Vigilancia Penitenciaria de Granada, Pedro
Joya. La imputabilidad o inimputabilidad del detenido con un trastorno mental
grave dependerá de si la condena le impone una pena de cárcel o una medida de
seguridad.
Sobreocupación
La
diferencia entre una medida u otra está, sobre todo, en el lugar donde se
cumple la condena, si en una cárcel o en un hospital psiquiátrico
penitenciario, eso sobre el papel porque la realidad es bien distinta. En
España solo hay dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, uno en Sevilla y
otro en Alicante. Un estudio de la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
sobre la enfermedad mental en las cárceles de 2007 citaba una sobreocupación de
estos dos centros del 220% y solo en el de Sevilla había ingresados 186
pacientes graves. Para hacerse una idea solo con los reclusos afectados por una
enfermedad mental grave de Albolote se podría llenar la tercera parte de ese
penal. «En Albolote tenemos 52 personas con una patología mental grave y en
total son 200 los tratadas con algún tipo de psicofármaco». Son las mentes
rotas de la cárcel. Alfredo Maiquez estuvo trabajando como médico en el
psiquiátrico penitenciario de Sevilla, ahora se deja la piel junto al resto de
profesionales del equipo, formado por sanitarios, psicólogos, trabajadores
sociales y educadores en la prisión de Albolote para intentar atender a esta
población en las mejores condiciones posibles.
La
prisión dispone de un módulo terapéutico donde enfermos mentales y adictos a
las drogas en proceso de desintoxicación comparten espacios en alguna de las 80
plazas existentes, lejos de los módulos más conflictivos del penal. La
enfermería también acoge a otros 24 enfermos mentales crónicos o graves.
«Módulos terapéuticos solo tenemos nosotros y la cárcel de Morón en Andalucía».
Este tipo de recursos permiten tener a estos reclusos mejor atendidos: «Se les
hace un seguimiento, se les facilita su medicación y con mucho esfuerzo se
trabaja en terapias para mejorar sus capacidades, muchos están mejor
controlados que cuando se encuentran en la calle». Todo ello parte de un
sobreesfuerzo de los profesionales de este centro penitenciario, porque más del
50% de su jornada laboral la emplean en desarrollar tareas destinadas a esta población
que cualquier médico de atención primaria no las desempeña a diario.
Déficits de apoyo externo
«Nosotros
hacemos un seguimiento continuo, pero echamos en falta una mayor presencia de
profesionales de la salud mental ajenos al centro penitenciario. Hay otros
programas como los de deshabituación de drogas que cuentan con el apoyo de
instituciones como el Centro provincial de Drogodependencias con sus psicólogos
y educadores que vienen a tratar a los reclusos. Aquí solo reciben la visita de
un psiquiatra del SAS una vez cada dos semanas. Lo demás corre por nuestra
cuenta». No solamente eso, muchos vienen sin informes clínicos porque no hay
una conexión directa entre los servicios de salud e instituciones
penitenciarias. «Muchas veces es como empezar de cero. Ellos no vienen con un
informe donde diga que son enfermos mentales, aquí los tenemos que
diagnosticar, poner un tratamiento, hacer un seguimiento. En definitiva hacer
todo lo posible para que su paso por prisión no suponga una parada en su
tratamiento», apunta Maiquez. Todos aquellos con ficha de tratamiento están
alejados de los módulos más conflictivos donde son mucho más vulnerables,
aunque los únicos que evitan la vida en común con el resto de los reclusos son
los ingresados en la enfermería y en el módulo terapéutico, algo más de
treinta, el resto convive en celdas repartidas por la prisión. «Hay mucho por
hacer todavía con esta población en la cárcel y fuera de ella».
Laura
Ladrón de Guevara es la trabajadora social de la asociación de familiares y
enfermos mentales de Granada, Agrafem, y recuerda que una de cada cuatro
personas sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida y en 2020 será una
de las patologías con mayor carga asistencial. «No podemos seguir cerrando las
puertas a estas personas. Hacen falta muchos recursos para su atención, las
familias no pueden seguir aguantando cargas que no les corresponden. Y ya está
bien de estigmatizar por ignorancia al enfermo mental».
.jpg)
