miércoles, 27 de febrero de 2013

Mentes rotas en la cárcel, artículo en el periódico Ideal.


La mitad de la población reclusa padece algún tipo de trastorno mental y 52 de ellos están catalogados con una patología aguda.

José R. Villalva, Granada.

Dos personas con una enfermedad mental grave fueron protagonistas el pasado lunes en los medios de comunicación de Granada. Uno, de tan solo 26 años, era detenido como presunto autor de la muerte de un tío-abuelo suyo en Valderrubio. El segundo acudía como único acusado de matar de dieciséis puñaladas a un vecino de Diezma hace justo un año. Dos meras coincidencias, porque las estudios más sesudos dicen que las personas con patología mental delinquen la mitad, en proporción, al resto de los mortales y no hay ningún dato demostrativo de que la esquizofrenia, por citar una patología, convierta a estos enfermos en más agresivos. Sin embargo, en las cárceles no deja de crecer la presencia de internos con algún tipo de trastorno mental.


La prisión de Albolote tiene en estos momentos 1.516 reclusos, más o menos la mitad, según las estadísticas de Instituciones Penitenciarias, que sufren algún tipo de trastorno mental, incluidos en este apartado los consumidores de estupefacientes. Un fiel espejo de la calle, pero multiplicado por dos en el caso de los trastornos y de diez en el de las enfermedades mentales más graves.

Alfredo Maiquez, médico de la prisión de Albolote y coordinador del programa de salud mental de la cárcel, y Concha Cuevas, presidenta de Feafes -federación andaluza de asociaciones de familiares y enfermos mentales- coinciden en lanzar dos mensajes. Uno: «La cárcel no es el sitio más adecuado para un enfermo mental». Dos: «Muchos llegan allí porque antes no han tenido un recurso idóneo para tratar su problema».

No debe olvidarse otro apunte importante: en el penal no solo hay enfermos mentales, también conviven, al menos, una veintena de discapacitados intelectuales, personas con una discapacidad diagnosticada a quienes solamente se le puede hacer más fácil la vida en la prisión, pero que no requieren un tratamiento como en el caso del enfermo para superar su problema porque éste forma parte de su vida como quien tiene un brazo menos o le falta una pierna.


¿Por qué llegan a la cárcel estas personas? «La prisión puede ser un eslabón más de la cadena, desgraciadamente. La falta de un tratamiento adecuado o de un recurso asistencial deja caer sobre la familia todo el peso de la enfermedad. Con bastante frecuencia las relaciones en casa se rompen. La familia, en muchos casos mal aconsejada, puede denunciar al enfermo y éste verse en la calle y con una orden de alejamiento; a partir de ahí o de una situación tensa en el domicilio familiar puede venir el consumo de drogas o de alcohol que supone una bomba para estas personas. Marginalidad, calle y delincuencia son factores que abren las puertas de las cárceles de par en par y cuando menos lo esperan se encuentran dentro por culpa de un robo, de una agresión o de una orden de quebrantamiento», señala Concha Cuevas, quien desarrolla un programa de salud mental en la cárcel de Málaga.

El ordenamiento jurídico contempla la figura de inimputable para ciertos casos de enfermos mentales. «La diferencia entre ser imputable o no es una fina frontera. Depende de cada persona, del tipo de patología, de si ésta ha influido o no en el hecho delictivo, de los informes de los peritos quienes aportan información para decidir si se puede imputar o no a la persona con una enfermedad mental. No hay un criterio general, sino el estudio de cada caso en particular», puntualiza el juez de Vigilancia Penitenciaria de Granada, Pedro Joya. La imputabilidad o inimputabilidad del detenido con un trastorno mental grave dependerá de si la condena le impone una pena de cárcel o una medida de seguridad.


Sobreocupación

La diferencia entre una medida u otra está, sobre todo, en el lugar donde se cumple la condena, si en una cárcel o en un hospital psiquiátrico penitenciario, eso sobre el papel porque la realidad es bien distinta. En España solo hay dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, uno en Sevilla y otro en Alicante. Un estudio de la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre la enfermedad mental en las cárceles de 2007 citaba una sobreocupación de estos dos centros del 220% y solo en el de Sevilla había ingresados 186 pacientes graves. Para hacerse una idea solo con los reclusos afectados por una enfermedad mental grave de Albolote se podría llenar la tercera parte de ese penal. «En Albolote tenemos 52 personas con una patología mental grave y en total son 200 los tratadas con algún tipo de psicofármaco». Son las mentes rotas de la cárcel. Alfredo Maiquez estuvo trabajando como médico en el psiquiátrico penitenciario de Sevilla, ahora se deja la piel junto al resto de profesionales del equipo, formado por sanitarios, psicólogos, trabajadores sociales y educadores en la prisión de Albolote para intentar atender a esta población en las mejores condiciones posibles.

La prisión dispone de un módulo terapéutico donde enfermos mentales y adictos a las drogas en proceso de desintoxicación comparten espacios en alguna de las 80 plazas existentes, lejos de los módulos más conflictivos del penal. La enfermería también acoge a otros 24 enfermos mentales crónicos o graves. «Módulos terapéuticos solo tenemos nosotros y la cárcel de Morón en Andalucía». Este tipo de recursos permiten tener a estos reclusos mejor atendidos: «Se les hace un seguimiento, se les facilita su medicación y con mucho esfuerzo se trabaja en terapias para mejorar sus capacidades, muchos están mejor controlados que cuando se encuentran en la calle». Todo ello parte de un sobreesfuerzo de los profesionales de este centro penitenciario, porque más del 50% de su jornada laboral la emplean en desarrollar tareas destinadas a esta población que cualquier médico de atención primaria no las desempeña a diario.


Déficits de apoyo externo

«Nosotros hacemos un seguimiento continuo, pero echamos en falta una mayor presencia de profesionales de la salud mental ajenos al centro penitenciario. Hay otros programas como los de deshabituación de drogas que cuentan con el apoyo de instituciones como el Centro provincial de Drogodependencias con sus psicólogos y educadores que vienen a tratar a los reclusos. Aquí solo reciben la visita de un psiquiatra del SAS una vez cada dos semanas. Lo demás corre por nuestra cuenta». No solamente eso, muchos vienen sin informes clínicos porque no hay una conexión directa entre los servicios de salud e instituciones penitenciarias. «Muchas veces es como empezar de cero. Ellos no vienen con un informe donde diga que son enfermos mentales, aquí los tenemos que diagnosticar, poner un tratamiento, hacer un seguimiento. En definitiva hacer todo lo posible para que su paso por prisión no suponga una parada en su tratamiento», apunta Maiquez. Todos aquellos con ficha de tratamiento están alejados de los módulos más conflictivos donde son mucho más vulnerables, aunque los únicos que evitan la vida en común con el resto de los reclusos son los ingresados en la enfermería y en el módulo terapéutico, algo más de treinta, el resto convive en celdas repartidas por la prisión. «Hay mucho por hacer todavía con esta población en la cárcel y fuera de ella».

Laura Ladrón de Guevara es la trabajadora social de la asociación de familiares y enfermos mentales de Granada, Agrafem, y recuerda que una de cada cuatro personas sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida y en 2020 será una de las patologías con mayor carga asistencial. «No podemos seguir cerrando las puertas a estas personas. Hacen falta muchos recursos para su atención, las familias no pueden seguir aguantando cargas que no les corresponden. Y ya está bien de estigmatizar por ignorancia al enfermo mental».

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